Un proyecto de sentencia propone restricciones que podrían reducir la participación ciudadana en la protección del medio ambiente, generando alarmas entre organizaciones civiles.
En un momento crucial para la protección del medio ambiente en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza un proyecto que podría restringir significativamente el acceso al juicio de amparo para organizaciones civiles. La propuesta, elaborado por la ministra Yasmín Esquivel, plantea que la únicamente las agrupaciones que puedan demostrar una afectación directa a sus intereses tendrían derecho a promover recursos legales relacionados con temas ambientales. Esta interpretación restrictiva contrasta con precedentes del propio tribunal, que reconocen la importancia del interés legítimo como una figura clave para garantizar la participación en la defensa del medio ambiente y otros derechos colectivos.
Para contextualizar, la figura del interés legítimo permite a individuos y organizaciones actuar en defensa del entorno sin la necesidad de sufrir un daño específico, pero con un vínculo claro con el derecho protegido. Diverses organizaciones como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental advierten que limitar esta figura significa disminuir la capacidad de la sociedad civil para reaccionar ante proyectos o políticas que afecten la salud del ecosistema. Además, esta propuesta va en contra del compromiso internacional del país de cumplir con el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la justicia en cuestiones ambientales y exige eliminar obstáculos legales para la participación ciudadana. La modificación propuesta llega en un momento en el que el Congreso también trabaja en reformas a leyes relacionadas, generando preocupación por un posible retroceso en los derechos ambientales y el acceso efectivo a la justicia.
El impacto de esta decisión podría traducirse en que organizaciones ya no puedan promover amparos en defensa del medio ambiente a menos que puedan demostrar un daño directo, lo que dificultaría su intervención en casos de megaproyectos o violaciones ambientales. La restricción limitaría herramientas esenciales para la ciudadanía, reduciendo la protección de derechos y estableciendo un precedente que podría afectar otras áreas como derechos humanos y libertades fundamentales. Los principales defensores del ambiente y los derechos constitucionales exhortan a los ministros de la Corte a mantener una interpretación amplia y garante del interés legítimo, que permita una participación efectiva en la protección del patrimonio natural del país.