La selección se realiza mediante voto libre y por cédula, priorizando la experiencia y consenso en un proceso clave para la fiscalización pública.
El Congreso del Estado está próximo a definir quién ocupará el cargo de auditor superior en un proceso que busca garantizar transparencia y responsabilidad. En la sesión, los 33 legisladores evaluarán una terna de tres perfiles, cada uno con antecedentes y calificaciones distintas, en una votación que se realizará de manera libre y por cédula. La intención es que la elección refleje un liderazgo basado en la experiencia, la idoneidad y el consenso legislativo.
Este proceso adquiere especial relevancia, ya que la auditoría superior desempeña un papel fundamental en la fiscalización del gasto público y en la lucha contra la corrupción. La actual autoridad busca una reinscripción en el cargo, tras haber obtenido una alta calificación en su evaluación. Sin embargo, el compromiso del Legislativo es ofrecer un proceso abierto en el que la ciudadanía tenga certeza de que la selección se realiza con criterios técnicos y sin acuerdos preestablecidos.
El marco normativo y la experiencia previa en procesos similares indican que la elección del auditor superior puede impactar significativamente en la transparencia administrativa del estado. La participación activa de los diputados en una evaluación responsable refuerza la importancia de contar con un órgano de fiscalización fortalecido y confiable, clave para la buena gobernanza.
La terna que será sometida a votación está conformada por Héctor Acosta Félix, actual auditor, quien busca una reelección; Gustavo Esparza Sáenz; y Victor Gutiérrez Sotelo. Cada uno presenta diferentes calificaciones en áreas de experiencia y entrevistas, lo que facilitará un debate sobre la mejor opción para el cargo.
DEFINICIÓN Y RELEVANCIA DEL CARGO: La auditoría superior es esencial para supervisar el correcto uso de los recursos públicos y promover la rendición de cuentas en las administraciones estatales. La decisión del Congreso no solo afecta la institucionalidad de dicho organismo, sino también la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.