Autoridades mexicanas retiran permisos a instituciones financieras vinculadas a Lavado de Dinero y Narcotráfico, tras sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México anunció la revocación de las autorizaciones para operar de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Vector Fondos, S.A. de C.V., en respuesta a sanciones internacionales relacionadas con actividades ilícitas. La acción se formalizó en el Diario Oficial de la Federación tras solicitudes de las propias instituciones, que decidieron cesar sus operaciones y transformar a Vector Fondos en una sociedad anónima de capital variable.
Este proceso se inscribe en un contexto más amplio de cooperación internacional contra el lavado de dinero y el tráfico de narcóticos. Hace seis meses, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Vector, junto con otras instituciones mexicanas, como entidades de preocupación en la lucha contra el lavado de dinero vinculado al narcotráfico y el flujo ilícito de opioides, específicamente fentanilo. La medida incluyó restricciones a transferencias de fondos, reforzando la presión internacional contra estos ilícitos.
La relevancia de esta decisión radica en el impacto que puede tener sobre las operaciones financieras ilegales y en la toma de medidas regulatorias que fortalecen el sistema financiero mexicano frente a actividades delictivas. La vinculación de Vector con Alfonso Romo, exasesor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, agrega un contexto político y económico a las investigaciones y sanciones. La acción de las autoridades mexicanas refleja la coordinación en la lucha contra delitos transnacionales y la necesidad de mayor transparencia en el sector financiero.
Desde su fundación hace más de 50 años en Mérida, la firma consolidó una presencia destacada en 12 países y aspiraba a incrementar su alcance internacional. Sin embargo, las sanciones internacionales y la evidencia de posibles vínculos con actividades ilícitas han llevado a la suspensión definitiva de sus autorizaciones, marcando un precedente en la vigilancia de instituciones financieras en México.
En el caso de otros bancos, como CIBanco y Intercam, también se implementaron medidas extremas, incluidas liquidaciones y transferencias de activos a instituciones de respaldo, en un esfuerzo conjunto por acabar con operaciones con potencial conexión al lavado de dinero y el narcotráfico.
Este conjunto de acciones evidencia el compromiso del Estado mexicano con la seguridad financiera y su colaboración con aliados internacionales para combatir las redes delictivas que operan en la región.
