Autoridades detectan intentos de extorsión mediante representantes fingidos de la Comisión, con llamadas y visitas que exigen pagos en efectivo para evitar cortes de luz.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó una alerta en todo el territorio nacional debido a un incremento en los reportes de extorsiones y fraudes relacionados con personas que usurpando la identidad de sus empleados intentan engañar a los usuarios. Estas acciones delictivas, principalmente concentradas en el Estado de México, Baja California y la Ciudad de México, muestran un patrón organizado que podría expandirse a otras regiones del país si no se atiende de manera coordinada.
Las modalidades más frecuentes incluyen visitas a domicilio bajo la apariencia de revisiones rutinarias, en las cuales los supuestos empleados señalan irregularidades en las instalaciones y solicitan pagos en efectivo para evitar sanciones o interrupciones en el servicio. Otra estrategia común involucra la entrega de avisos impresos los viernes, en los que se notifica a los residentes sobre supuestas multas que deben pagarse en un plazo reducido, mediante transferencias a cuentas no oficiales. En estos casos, los estafadores llaman a las víctimas, indicando ser funcionarios de alto nivel y ofreciendo descuentos o reducciones a cambio de depósitos económicos.
Estos delincuentes también usan números telefónicos falsos para crear un perfil de autoridad y presionar a las víctimas, quienes terminan entregando sumas que pueden variar desde cinco hasta veinte mil pesos. La CFE informó que ya ha denunciado estos delitos ante la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, logrando la captura de varios implicados. Autoridades recomiendan a la población desconfiar de llamadas o visitas no programadas y reportar cualquier irregularidad a las autoridades competentes, para evitar ser víctimas de estos ilícitos.
Agregar contexto, los fraudes en el sector eléctrico suelen incrementarse en temporadas donde los usuarios perciben mayores dificultades para pagar, lo que aprovechan los delincuentes para hacer pasar sus esquemas como acciones legítimas. La colaboración entre la ciudadanía y las instancias de justicia resulta fundamental para reducir estos delitos y proteger los derechos de los usuarios.