Minsa, vinculada a la familia de la empresaria cercana al gobierno, cancela acuerdo de maquila de maíz en medio de investigaciones y aclaraciones oficiales.
En marzo de 2025, la empresa mexicana Minsa, propiedad de la familia de Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), anunció la cancelación de un contrato con el programa Alimentación para el Bienestar, dependiente de Diconsa. Este acuerdo, que contemplaba la transformación de entre 24 mil y 60 mil toneladas de maíz en harina, estuvo en vigor solo unos meses, sin que la compañía recibiera pagos ni procesara producto alguno. La cancelación se oficializó mediante un convenio de terminación anticipada en julio del mismo año, sin que mediara ninguna transacción monetaria.
Este contrato fue otorgado en el contexto de una serie de adjudicaciones de la empresa, que, entre 2022 y 2024, acumuló 853 contratos por un monto total de 369 millones de pesos durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La relación de Minsa con el gobierno se intensificó en los primeros años del actual mandato, generando debate sobre posibles conflictos de interés, en particular por la cercana relación de la empresaria con la actual jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo.
Sheinbaum aclaró que no existió ninguna actividad ilícita ni conflicto de interés, ya que el contrato con Minsa fue cancelado antes de que se ejecutaran operaciones o se generaran beneficios. La mandataria también destacó que Gómez Sierra ha colaborado en el pasado en proyectos que fomentan la inversión y el desarrollo económico, sin recibir beneficios directos del gobierno.
Este caso refleja las complejidades de las contrataciones públicas y la necesidad de transparencia en procesos relacionados con la alimentación social y el apoyo a productores nacionales. La relevancia radica en entender cómo las relaciones empresariales y políticas pueden influir en programas sociales, además de subrayar la importancia de mantener prácticas éticas en la asignación de contratos públicos, especialmente en sectores sensibles como el de la alimentación.