La gestión presidencial enfrenta críticas tras apoyar amenazas a manifestantes y justificar bloqueos en medio de protestas nacionales.
En medio de una serie de protestas nacionales, el gobierno mexicano ha generado controversia por su respuesta a los bloqueos carreteros realizados por diversos sectores sociales, como campesinos, camioneros y agricultores. La tensión surgió cuando autoridades de alto nivel, incluyendo la Secretaría de Gobernación, advirtieron sobre posibles investigaciones penales para quienes participaron en las movilizaciones en demanda de mayor seguridad y diálogo con el gobierno federal. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó esclarecer la posición oficial, asegurando que no se trata de una criminalización sino de un delito por cerrar vías públicas, aunque las declaraciones generaron dudas y cuestionamientos sobre la verdadera postura del Ejecutivo. Este escenario refleja un panorama donde las expresiones sociales enfrentan duras respuestas que, en ocasiones, parecen limitar el derecho a la protesta, mientras el gobierno afronta críticas por su gestión de las movilizaciones masivas y sus implicaciones políticas. La situación cobra relevancia en un contexto donde la participación ciudadana busca ejercer presión y exigir soluciones frente a problemas crecientes de inseguridad y desigualdad en el país.