El estancamiento de la economía 2024 agrava la crisis de seguridad, mientras el gobierno impulsa proyectos millonarios para fortalecer las fuerzas del orden.
México ha mostrado un crecimiento económico mínimo en 2024, con una variación anual de apenas 0.1 por ciento en cifras reales, lo que refleja una economía estancada en medio de una crisis de seguridad creciente. Hasta septiembre de este año, el Producto Interno Bruto no registró avances significativos, lo que limita la disponibilidad de recursos para las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública. La incidencia delictiva en varias entidades ha aumentado notablemente en la última década, destacándose estados como Michoacán, donde la violencia ha cobrado la vida de figuras públicas como el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La distribución de fondos públicos, en particular del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), ha disminuido en su proporción respecto al total de recursos a nivel nacional, pasando del 3.6 al 2.9 por ciento en los últimos años. Para contrarrestar esta problemática, el gobierno federal anunció un plan de inversión de 57 mil millones de pesos en Michoacán, además de desplegar más de 10 mil elementos de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional en la región y áreas limítrofes. La falta de un criterio claro para la asignación de estos fondos, junto con prioridades de gasto en obras de infraestructura de alto impacto como el Tren Maya, han limitado el incremento de recursos destinados a seguridad, según análisis especializados. La combinación del bajo crecimiento económico y la reducción en el presupuesto para seguridad dificulta la lucha contra la delincuencia en el país, que continúa siendo una de las principales preocupaciones nacionales.