La negligencia y el abandono de menores se han incrementado significativamente, impactando principalmente a niñas y adolescentes en estados como el Estado de México y la Ciudad de México.
En las últimas décadas, el país ha registrado un preocupante incremento en los casos de abandono y negligencia infantil, alcanzando una cifra que refleja un crecimiento superior al seiscientos por ciento en 15 años. Entre 2022 y 2024, más de mil doscientos niños y adolescentes fueron atendidos en hospitales por estas circunstancias, evidenciando una crisis que afecta principalmente a las niñas y adolescentes, quienes constituyen casi el 80% de las víctimas reportadas. Los estados con mayor incidencia son el Estado de México, Hidalgo y San Luis Potosí, concentrando la mitad de los casos en un marco de desigualdad social y vulnerabilidad.
Diversos factores contribuyen a esta problemática, entre ellos la pobreza, embarazos adolescentes, violencia intrafamiliar, y la falta de apoyo institucional. La ausencia de políticas efectivas y los recortes presupuestales en áreas clave como salud y protección social han debilitado los sistemas de atención, dejando a muchas madres en situaciones extremas sin alternativas viables para sus hijos. La negligencia no siempre resulta de una intención maliciosa, sino de un Estado que no logra atender los riesgos en comunidades vulnerables. En casos recientes, se han registrado abandonos en vía pública en la Ciudad de México, donde cámaras de seguridad han captado estos incidentes, evidenciando la gravedad del problema.
A nivel legal, el abandono infantil está reconocido como violencia extrema en la legislación mexicana, pues vulnera derechos fundamentales como la protección, identidad y vida en familia de los menores. Organizaciones sociales llaman a fortalecer los mecanismos de prevención, brindar mayores apoyos a madres jóvenes en situación de pobreza y mejorar los sistemas de salud para detectar riesgos como depresión posparto y embarazos no planeados. La respuesta requiere de un compromiso integral para reducir estas cifras y proteger a los menores en situación de vulnerabilidad.