El crecimiento exponencial en estafas inmobiliarias refleja el impacto de la digitalización y la necesidad de protección para compradores y arrendadores.
En los últimos meses, las autoridades y organismos especializados detectaron un aumento significativo en las actividades ilícitas relacionadas con la adquisición y alquiler de inmuebles en México. La percepción es que estos datos oficiales solo representan una parte del problema, ya que las cifras reales podrían ser aún más alarmantes ante la creciente digitalización del sector inmobiliario. La comunidad de profesionales del rubro señala que las plataformas digitales se han convertido en un escenario favorable para quienes buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de los usuarios, con intentos de fraude que han triplicado en comparación con años anteriores. La Ciudad de México se mantiene como el principal foco de estas actividades, seguida por ciudades del norte como Monterrey y Querétaro, donde la mayor presencia de compradores y vendedores facilita la proliferación de estafas. El segmento de alquileres se observa como el más vulnerable, concentrando la mayoría de los casos reportados, con prácticas ilícitas que incluyen publicidad engañosa, incumplimiento de contratos y cobros no autorizados. De acuerdo con análisis recientes, el monto promedio defraudado ronda los 43,000 pesos, subrayando la importancia de reforzar las medidas de protección y aumentar la vigilancia en transacciones inmobiliarias, especialmente en el mercado de viviendas usadas. La tendencia indica que la digitalización, si bien facilita las operaciones, también abre nuevas oportunidades a quienes buscan aprovecharse de los incautos en el sector.