La acusación federal en Estados Unidos contra Naasón Joaquín García y el compromiso de funcionarios mexiquenses en casos de abuso evidencian la necesidad de aclarar vínculos y promover justicia.
Desde 2019, la Iglesia de La Luz del Mundo ha estado bajo escrutinio por investigaciones relacionadas con delitos sexuales y tráfico de personas, que han implicado también a líderes y seguidores en diferentes países. Aunque en ocasiones las autoridades mexicanas no han tenido un conocimiento completo de estos procedimientos, la gravedad de las acusaciones recientes demuestra la urgencia de una revisión exhaustiva en todos los niveles de gobierno. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha presentado una acusación formal contra Naasón Joaquín García, líder de la congregación, por delitos que incluyen abuso sexual infantil, tráfico sexual y trabajo forzado, en complicidad con miembros de su familia y asociados. La principal base de operaciones de la Iglesia se encuentra en Guadalajara, Jalisco, y en México existen señalados con orden de captura algunos allegados a García, entre ellos, candidatos a cargos públicos en diferentes estados. La presencia de funcionarios ligados a Morena y otros partidos en procesos judiciales relacionados con integrantes de la congregación genera preocupación sobre posibles encubrimientos o complicidades. Como contexto, casos históricos como los de Marcial Maciel en la Iglesia Católica muestran cómo la protección de líderes religiosos puede prolongar la impunidad y dañar la confianza en las instituciones públicas y religiosas. Promover una independencia efectiva en las investigaciones y exigir transparencia son pasos cruciales para garantizar justicia y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.