El Congreso de Jalisco armoniza su legislación local con la reforma federal, reforzando penas y mecanismos para combatir la extorsión y abusos de autoridad.
El Congreso del Estado de Jalisco aprobó una serie de reformas a la legislación local en materia de delitos, alineándose con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente a nivel federal. La normativa actualiza los instrumentos legales para enfrentarse de manera más efectiva a prácticas ilícitas como la extorsión, incluyendo delitos asociados con el abuso de autoridad y la privación ilegal de libertad.
La iniciativa, impulsada por la bancada de Morena, modifica artículos clave y establece penas de entre 3 y 8 años de prisión para quienes cometan actos de intimidación con fines indebidos. Además, permite la destitución, inhabilitación y multas que van desde 100 hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La investigación del delito será de oficio a cargo de la Fiscalía General de la República, facilitando una respuesta rápida y coordinada entre instancias federales y estatales.
Tras la aprobación, Jalisco refuerza su compromiso de reducir prácticas nocivas, como el cobro de piso, que afecta especialmente a agricultores y comerciantes en diversas regiones del país. La persecución de este tipo de delitos ahora será más estricta y conjunta, buscando disuadir y sancionar con mayor contundencia a quienes amenacen la seguridad y economía locales.
Este cambio fortalece la normativa estatal en un contexto donde las extorsiones han generado alarma social y afectan diversas actividades productivas, siendo crucial para garantizar un ambiente de mayor seguridad jurídica y protección ciudadana. La tendencia a armonizar leyes locales con las reformas federales refleja una estrategia integral para enfrentar la criminalidad desde diferentes frentes.
Es relevante destacar que la lucha contra la extorsión en México ha adquirido mayor agilidad en los últimos años, con estrategias que incluyen coordinación entre diferentes niveles de gobierno y la modernización de los marcos jurídicos, en un esfuerzo por proteger a la población y reducir los índices de impunidad.
La actualización en Jalisco se enmarca en un contexto nacional de esfuerzos constantes para fortalecer las instituciones y generar un ambiente más seguro para todas las actividades económicas y sociales en el país.