Alcozacán, Chilapa. - Más de 500 indígenas de 12 comunidades y alrededor de 100 policías comunitarios de la CRAC-PF se reunieron en una asamblea general para exigir la liberación de Jesús Plácido Galindo, líder del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano. Durante esta reunión, también se demandó la disolución del grupo delictivo conocido como Los Ardillos, responsable de ataques recientes en la región.
Datos clave
- Cuándo: 6 al 11 de mayo de 2023, período de ataques por Los Ardillos.
- Dónde: Alcozacán, Chilapa, Guerrero.
- Quienes: Más de 500 indígenas nahuas y autoridades comunitarias.
- Qué: Exigencia de libertad para Jesús Plácido y justicia contra criminales.
En la asamblea, se destacó la necesidad de proteger su territorio y recursos naturales, de los que sienten ser despojados en contubernio con las autoridades estatales y federales. Los participantes se manifestaron en varias localidades del país, enfatizando su demanda por la libertad de Plácido Galindo, justo un día antes de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Además, los representantes indígenas denunciaron la criminalización que enfrentan por parte de las autoridades y reiteraron su compromiso de defenderse no solo de Los Ardillos, sino también de una posible represión gubernamental. Sixto Mendoza Limpia, promotor del Cipog-EZ, enfatizó que su comunidad no es delincuente y que únicamente busca salvaguardar sus vidas y recursos.
¿Qué implica esta demanda para la comunidad?
La exigencia de libertad para Jesús Plácido Galindo refleja una lucha más amplia por la defensa de los derechos indígenas. Las comunidades denuncian que atacan a sus líderes para silenciar sus voces en la defensa de sus territorios. Este tipo de situaciones pone de manifiesto la fragilidad de la seguridad de estos pueblos, que buscan seguir organizados y exigir un trato justo por parte de las autoridades.
¿Cómo responde el gobierno ante estas acusaciones?
Las autoridades deberán reaccionar a las demandas de investigación sobre los vínculos entre Los Ardillos y ciertos funcionarios. Los habitantes de Chilapa han pedido específicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que tome medidas concretas para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las comunidades. En este sentido, el futuro del bienestar social de esta región depende de una respuesta efectiva y un compromiso genuino por parte del gobierno.
Las comunidades indígenas de Chilapa continuarán movilizándose en defensa de sus derechos y recursos. En su pronunciamiento, se reafirmó que no cejarán en sus esfuerzos hasta que se logren resultados tangibles.
Con información de suracapulco.mx