Sentencias y recomendaciones recientes revelan que la militarización continúa generando abusos contra derechos humanos, 20 años después de la guerra contra el narcotráfico.
En las últimas semanas, investigaciones y dictámenes de organismos internacionales y nacionales han puesto en evidencia la persistente problemática de abusos por parte del Ejército mexicano en diversas regiones del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en diciembre pasado en contra del Estado por el caso de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena de 73 años que murió en 2007 tras ser víctima de tortura y agresiones sexuales en Veracruz, durante operaciones militares. La corte concluyó que las autoridades incumplieron sus obligaciones de protección y atención, además de negar justicia a la familia, reproduciendo prejuicios sobre género, edad y origen étnico.
Simultáneamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en 2025 una recomendación dirigida al Ejército por la muerte de dos niñas en Guerrero durante un operativo contra el crimen organizado. Las menores, de 7 y 11 años, fueron ejecutadas de manera arbitraria, evidenciando un patrón preocupante que perpetúa el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares en tareas de seguridad pública. La recomendación resaltó la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y de implementar medidas de prevención para evitar futuras violaciones similares.
La problemática de la militarización en México evidencia que, pese a las reiteradas alertas, las violaciones a derechos humanos permanecen sin resolverse. La historia de impunidad, combinada con la presencia continua del Ejército en operaciones civiles, ha contribuido a la reproducción de abusos, muchas veces vinculados con una respuesta desproporcionada a conflictos sociales y de inseguridad.
Desde 1990, la CNDH ha emitido más de 4,300 recomendaciones por violaciones graves, relacionadas con aspectos fundamentales como la seguridad jurídica, la vida, la integridad personal y el trato digno. La relevancia de estos casos y las recientes sanciones subrayan la necesidad de revaluar la estrategia de seguridad del país, privilegiando la protección de derechos humanos y garantizando la justicia y la rendición de cuentas en todos los niveles del Estado.
El escenario actual refleja que los esfuerzos por marginalizar la justicia civil frente a la justicia militar aún generan una cultura de impunidad que dificulta la reparación del daño a las víctimas. La comunidad internacional y organizaciones civiles coinciden en que, sin una política de seguridad orientada a derechos humanos, la vulnerabilidad de comunidades y población indígena continuará en aumento.
LAS RECOMENDACIONES de organismos como la CIDH y la CNDH apuntan a la urgencia de adoptar reformas estructurales que limiten el rol del Ejército en tareas que corresponden a instituciones civiles y refuercen los mecanismos de investigación judicial independiente. Solo mediante acciones firmes y comprometidas será posible reducir los riesgos de violaciones recurrentes y promover un entorno de mayor justicia y respeto a los derechos fundamentales en México.