El posible involucramiento militar en México fue considerado en los primeros meses del gobierno de Donald Trump, antes de que la atención se desplazara hacia Venezuela, en un contexto de tensiones regionales y control del petróleo. Durante los primeros meses de la administración de Donald Trump, funcionarios de altos niveles en Washington analizaron la viabilidad de realizar operaciones militares en México, en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la consolidación de su estrategia de seguridad en la región. Este escenario, en aquel momento, fue impulsado principalmente por Stephen Miller, asesor cercano a la Casa Blanca y arquitecto de las políticas inmigratorias, quien propuso una línea dura frente a los cárteles y traficantes que operan en territorio mexicano. Originalmente, la estrategia militar afirmó que buscaba frenar las actividades del crimen organizado, pero posteriormente cambió de enfoque ante la cooperación de México en temas migratorios y de seguridad, lo que llevó a que la atención se desplazara hacia Venezuela. Desde entonces, el interés en acciones militares se redirigió a la región del Caribe, con un énfasis en controlar los recursos energéticos y las actividades petroleras en Venezuela, según análisis de expertos y reportes periodísticos. Este viraje también coincidió con una campaña más agresiva contra Venezuela, que incluye declaraciones públicas del expresidente Donald Trump y figuras de su administración que cuestionan la expropiación de recursos naturales en ese país. La narrativa se centró en justificar una intervención para recuperar el petróleo de Venezuela, considerado un bien estratégico para Estados Unidos. En este contexto, aliados políticos cercanos, como el senador Marco Rubio y el asesor Sebastian Gorka, promueven acciones militares y políticas para debilitar la influencia venezolana, generando tensiones diplomáticas con México, que mantiene una postura de respeto a su soberanía. Recientemente, en un entorno de creciente pres
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