Legisladores peronistas sospechan que artículos del gasto favorecen intereses privados ligados a Nicky Caputo, con potencial impacto fiscal y provincial.
El bloque peronista en la Cámara de Diputados analiza la posibilidad de presentar una denuncia formal contra el funcionario Luis “Toto” Caputo, tras detectar posibles favorecimientos en una serie de artículos de la ley de presupuesto reciente. Estas disposiciones, provenientes del Ministerio de Economía, estarían dirigidas a beneficiar a algunas empresas energéticas, y en particular, a los intereses del primo de Caputo, Nicolás “Nicky” Caputo, propietario de una significativa participación en varias compañías del sector.
Uno de los puntos de mayor atención es el artículo 69, que proporciona exenciones fiscales a la transferencia de activos de fideicomisos relacionados con centrales termoeléctricas, como Manuel Belgrano y Timbúes. Aunque la medida tiene como objetivo facilitar reorganizaciones empresariales, los críticos advierten que podría reducir en aproximadamente 500 millones de dólares los ingresos fiscales, afectando directamente a las arcas provinciales, ya que una parte sustancial de estos fondos corresponden a los impuestos que deben percibir las provincias.
Otro artículo considerado sospechoso es el 74, que contempla el reconocimiento de créditos a las distribuidoras energéticas por diferencias en sus ingresos e ingresos previstos, lo cual podría traducirse en un aumento artificial de los activos y, por ende, de los valores en bolsa de esas empresas. Este mecanismo podría significar mayores ganancias para los accionistas privados vinculados a dichas distribuidoras, reforzando la percepción de un favorecimiento en detrimento del interés público.
Estos movimientos legislativos generan preocupación por la posible influencia de grupos económicos ligados a figuras relevantes en el ámbito energético y financiero, resaltando la necesidad de un análisis exhaustivo de las implicancias fiscales y sociales de las modificaciones propuestas en la ley de presupuesto. La mira ahora está puesta en si las autoridades y los legisladores tomarán acciones concretas para esclarecer y, en su caso, detener este tipo de beneficios que, según alegan los peronistas, podrían derivar en un perjuicio para el interés colectiva y provincial.