La libertad de prensa en México enfrenta niveles críticos, con un incremento en asesinatos y amenazas que afectan la democracia y la seguridad de los comunicadores.
El ejercicio del periodismo en México se encuentra en uno de sus momentos más difíciles, condicionado por una escalada alarmante en la violencia y las amenazas contra profesionales de la comunicación. De acuerdo con organizaciones internacionales, en 2025 se ha registrado la cifra más alta de periodistas asesinados en los últimos tres años, principalmente en el ámbito local, donde los reporteros enfrentan amenazas directas del crimen organizado y vínculos con estructuras de poder. Hasta diciembre, la cifra oficial reporta 12 asesinatos en el año, cifra que refleja un peligro constante para quienes informan sobre temas delicados y de alto impacto social.
Este escenario se agrava por la prevalencia de impunidad que caracteriza a los crímenes contra periodistas en el país, a pesar de esfuerzos legales como el Mecanismo de Protección para Periodistas, aprobado en 2012, que en la práctica no garantiza la justicia ni la seguridad. La situación se evidencia con el número récord de periodistas desaparecidos en 2024, contabilizando 15 casos, y con la clasificación de México en el puesto 121 a nivel mundial en libertad de prensa, según informes de organizaciones como Artículo 19.
La relevancia de esta problemática radica en que la salud del periodismo es un espejo de la calidad de la democracia y el Estado de Derecho. La libertad de expresión permite a la ciudadanía acceder a información veraz, necesaria para decisiones informadas y el control de las autoridades. La crisis actual revela una vulnerabilidad estructural que necesita ser abordada con políticas efectivas y un compromiso real para proteger a quienes ejercen esta labor fundamental, fortaleciendo así una democracia más inclusiva, transparente y resiliente.
En un contexto global donde las amenazas a la libertad de prensa están en aumento, la situación en México pone de manifiesto la importancia de fortalecer las instituciones y defender el derecho a la información como base de los derechos humanos y la participación ciudadana.