La institución financiera mexicana busca revertir las restricciones impuestas por supuestos vínculos con lavado de dinero, alegando violaciones al proceso legal.
En un movimiento sin precedentes, un banco mexicano ha interpuesto una demanda civil en una corte federal de Washington contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La institución argumenta que la sanción y la orden de bloqueo de acceso al sistema financiero estadounidense vulneran principios básicos como el debido proceso y la presunción de inocencia, además de poner en peligro su continuidad operativa. La corte analizará la petición para suspender temporalmente las sanciones, que afectaron severamente las operaciones y los fondos gestionados por el banco, incluyendo la suspensión de tarjetas y la interrupción de relaciones comerciales. La demanda surge en medio de un contexto donde Estados Unidos sancionó a varias instituciones mexicanas por presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes, acusaciones que el banco mexicano niega rotundamente, señalando que no recibió detalles específicos ni oportunidad de defensa. La situación no solo impacta a la institución, sino que también pone en riesgo a miles de clientes y empleados, además de generar pérdidas económicas significativas. La acción legal busca revertir las medidas, proteger los activos y resarcir los daños ocasionados por lo que consideran una decisión arbitraria y sin sustento legal válido.