El gobierno de Evelyn Salgado participa en la iniciativa para proteger derechos de menores y promover entornos seguros en México.
En un compromiso firme con la protección de la niñez y la adolescencia, el gobierno de Guerrero, liderado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, participó en la primera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). El encuentro, celebrado en la Ciudad de México, fue presidido por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación.
Durante la jornada, representantes del Estado firmaron el Primer Pacto Nacional para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra las Infancias, comprometiéndose a implementar acciones concretas para evitar toda manifestación de agresión y garantizar derechos fundamentales. La firma simboliza una respuesta histórica del Estado mexicano, que busca crear un marco de protección integral para los menores, alineado con la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI 2025–2030), así como con otros programas nacionales de protección y promoción de derechos.
Este pacto se enmarca en un avance significativo en la agenda de derechos humanos en México, en un contexto en el que la percepción pública y política sobre la vulnerabilidad de las infancias ha cobrado mayor relevancia. La participación de Guerrero reafirma el compromiso regional por políticas públicas que aseguren entornos libres de violencia, con igualdad de oportunidades para las niñas, niños y adolescentes en todo el país.
Entre los asistentes figuraron funcionarios federales, representantes de organismos internacionales y autoridades de diversos estados, todos unidos en un esfuerzo coordinado para fortalecer la protección y reconocimiento de los derechos infantiles en México.
Este esfuerzo refleja una transformación en la política pública nacional, que busca convertir a los derechos de las infancias en un eje prioritario y transversal en todos los niveles de gobierno, reafirmando que la protección de los menores es una responsabilidad compartida y un indicador clave de la salud social del país.