La crisis forense en Guerrero ha alcanzado niveles alarmantes, poniendo de manifiesto la incapacidad del Estado para resolver la desaparición de personas. El Servicio Médico Forense y los centros de resguardo están saturados, con más de 800 cuerpos sin identificar en el SEMEFO y más de mil en otros espacios, evidenciando un colapso estructural.
La evidencia sugiere que la combinación de violencia, desapariciones y una infraestructura inadecuada ha llevado a un estancamiento en los procesos de búsqueda e identificación. La legislación actual exige estudios exhaustivos y análisis de ADN antes de disponer de cuerpos, lo que prolonga el tiempo de espera en condiciones ya críticas.
Los trabajadores del SEMEFO enfrentan desafíos significativos. La falta de materiales y un ambiente de trabajo insalubre han denunciado situaciones que comprometen tanto la seguridad del personal como la calidad de los procesos forenses. La saturación en Acapulco y Chilpancingo, donde las instalaciones están constantemente al límite, refleja el problema de manera aún más grave.
Los colectivos de víctimas han alzado la voz exigiendo soluciones efectivas. La creación de un Instituto de Ciencias Forenses autónomo es una de sus propuestas. Argumentan que solo una entidad con autonomía puede asegurar una respuesta adecuada a la crisis y mejorar la confianza de las familias en el sistema de justicia.
La persistente crisis forense y la incapacidad para identificar cuerpos son factores críticos que impactan la legitimidad del Estado en Guerrero. De no abordarse adecuadamente, esta situación seguirá afectando la gobernabilidad y la tranquilidad social en la región.
Con información de siempre.mx