Casi 500 empleados exigen aumento salarial y brindan aviso de paro nacional, afectando los servicios en la capital del estado.
Este viernes, integrantes del Sindicato Nacional Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación llevaron a cabo un paro en las oficinas de Guanajuato Capital, cerrando las puertas del edificio central del Décimo Sexto Circuito. La medida impactó en la atención al público y reflejó una protesta generalizada por condiciones laborales precarias y la falta de cumplimiento en acuerdos salariales.
Alrededor de 500 trabajadores participaron en la manifestación, que forma parte de un paro a nivel nacional en respaldo a sus demandas. Los empleados sindicalizados exigieron un aumento salarial del 3.5 por ciento, prometido por las autoridades federales, el cual aún no se ha concretado a pocos meses de concluir el año. Además, manifestaron molestias por amenazas y posibles despidos vinculado a sus reclamos, tanto por parte de superiores en Guanajuato como desde instancias federales.
Desde temprana hora, los manifestantes declararon el paro y prohibieron el acceso a la ciudadanía, en una acción que busca llamar la atención sobre las condiciones de trabajo y la falta de recursos básicos, como insumos de oficina y productos de higiene. La protesta se enmarca en una serie de movilizaciones que han ocurrido en diferentes estados ante incumplimientos y dificultades en el sector judicial, reflejando un escenario de descontento que involucra a diversos gremios del servicio público.
El conflicto también evidencia la creciente preocupación por la protección de los derechos laborales y la transparencia en la gestión judicial. La resistencia de los trabajadores reafirma la necesidad de un diálogo efectivo con las autoridades para resolver sus demandas y garantizar un funcionamiento adecuado en los órganos de justicia.
En el contexto actual, la movilización de los empleados judiciales destaca la importancia de mantener la atención en las condiciones laborales del sector público y la urgencia de cumplir los acuerdos firmados. La continuidad de estas acciones puede impactar otros servicios públicos si no se atienden las solicitudes con prontitud y justicia.