León, Guanajuato. – La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) ha emitido recomendaciones dirigidas a la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de León, Guanajuato. Estas medidas surgen a raíz de graves deficiencias detectadas en la investigación de una presunta violación equiparada que involucra a una menor y su padre.
La intervención de la PRODHEG se originó a partir de una queja donde se señalaba que la Jefa del Centro de Convivencia Supervisada, adscrita en ese momento al DIF de León, omitió comunicar a la autoridad judicial diversas irregularidades y posibles agresiones que fueron observadas durante las convivencias entre la menor y su progenitor.
Según los registros, en los “Formatos de Entrega Recepción” del centro se documentaron cinco incidentes relevantes. Sin embargo, la funcionaria encargada solo reportó dos de estos hechos a la Jueza Civil, aparentemente ocultando los tres restantes de manera deliberada.
Los incidentes que no fueron informados a la autoridad judicial incluyen:
- La detección de un enrojecimiento de aproximadamente 2 centímetros en la ingle de la menor, registrado el 18 de diciembre de 2021.
- Lesiones tipo “cortaditas” en las palmas de las manos de la niña, observadas el 5 de marzo de 2022.
- La presencia de un cabello largo en el área genital de la menor, identificado por la abogada de la quejosa durante una revisión el 28 de mayo de 2022.
La PRODHEG enfatiza que la autoridad omitió informar sobre la reiteración de estos incidentes en agravio de la menor, una omisión que contraviene su obligación de salvaguardar el interés superior de la niñez. Adicionalmente, se indicó que la Jefa del Centro de Convivencia Supervisada (CCS) insistió en la continuación de las convivencias familiares, a pesar de tener conocimiento de una orden de restricción y de una denuncia penal previa por el delito de violación equiparada contra el padre.
Como respuesta, la PRODHEG ha instruido a la autoridad responsable a gestionar la atención psicosocial para ambas víctimas a través de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Asimismo, se ha ordenado el inicio de una investigación administrativa para deslindar responsabilidades de la funcionaria involucrada y se exigen medidas de no repetición que incluyen capacitación en derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.