El órgano judicial ordena la reparación del daño a la familia afectada tras demolición realizada en 2021; oposición cuestiona la legalidad del fallo. La justicia cuestiona la legalidad de una resolución que obliga a Movimiento Ciudadano y al regidor Miguel Riggs Baeza a compensar una familia en Punta Oriente por la demolición de su vivienda en 2021. La demolición, que ocurrió durante la noche del 3 de mayo, fue motivada por alegaciones de que el inmueble funcionaba como un punto de consumo de drogas. Según información vigente, el propietario autorizó la demolición tras comprobar que el domicilio se utilizaba para actividades ilícitas, lo que generó debate sobre la legalidad y los procedimientos seguidos en el proceso. La resolución judicial ordena que se otorgue un inmueble similar en valor y características a la familia afectada, incluyendo enseres y servicios básicos, para reparar el daño ocasionado. Sin embargo, críticos consideran que la decisión fue prematura y carece de sustento, argumentando que la firma del propietario debería haber sido suficiente para justificar la acción, y que la resolución fue emitida fuera de los plazos establecidos. La oposición prevé acudir a instancias superiores para impugnar el fallo y señala que existen sospechas sobre filtraciones de información que podrían haber influido en la decisión judicial.
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