El Observatorio Ciudadano denuncia que la fiscalía estatal reclasificó y omitió casos de feminicidio, aumentando la cifra real de violencia contra las mujeres en la región.
En los últimos tres años y medio, la administración de justicia en Guanajuato habría ocultado o reclasificado al menos 353 casos de homicidio de mujeres, según un reporte elaborado por el Observatorio Ciudadano de León (OCL). Esta organización denuncia que dichas acciones afectan la transparencia y dificultan la comprensión de la magnitud real de la violencia de género en el estado.
El análisis revela que, en 2023, Guanajuato registró su nivel más alto de feminicidios, con 28 crímenes reportados oficialmente. Sin embargo, las cifras oficiales aparentan ser menores, ya que en los primeros seis meses de 2025 ya se reportaron siete casos. La persistencia de estos delitos llevó a la declaración de una alerta de género en la región, señalando la necesidad urgente de implementar acciones efectivas para prevenir y castigar estas agresiones.
Por otro lado, existen discrepancias significativas en los registros sobre el número total de homicidios de mujeres. Entre 2022 y 2024, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó mil 222 casos, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó mil 557, una diferencia de 353 delitos no reflejados en los datos oficiales. La directora del OCL, Mayra Legaspi Tristán, explicó que esta disparidad evidencia la ausencia de un sistema confiable para registrar las violencias mortales contra las mujeres, lo que complica la tarea de diseñar políticas públicas efectivas para su protección.
Contextualmente, la problemática de la violencia de género en Guanajuato ha alcanzado niveles críticos, con un incremento en los feminicidios y una creciente percepción de impunidad. La falta de un registro preciso afecta no solo la atención a las víctimas, sino también la planificación de acciones preventivas que permitan reducir estos delitos en el futuro. La necesidad de una mayor transparencia y coordinación institucional resulta imperativa para enfrentar esta realidad.