Libia Dennise García compró un lote en Silao por 4 millones de pesos, aunque valuaciones independientes calculan un valor superior a 10 millones, evidenciando posibles inconsistencias en su patrimonio.
La actual gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, adquirió un predio de dos hectáreas en el ejido Baños de Agua Caliente en Silao, en enero de 2023, cuando todavía ocupaba el cargo de secretaria de Gobierno estatal. La compraventa se cerró por un monto de cuatro millones de pesos, cifra que difiere sustancialmente de la valuación reportada en su declaración patrimonial, donde indicó un valor de adquisición de tres millones de pesos.
Para comprender la relevancia de esta discrepancia, es importante contextualizar que el terreno ya presentaba una edificación de 274 metros cuadrados en el momento de su asunción como gobernadora en septiembre de 2024. Sin embargo, omitió incluir en su declaración el valor de la construcción, a pesar de que trabajos y materiales empleados parecen haber incrementado notablemente el valor total del inmueble. Un análisis realizado por un valuador independiente estima que el valor actual de la propiedad supera los diez millones de pesos, lo que triplica la cantidad reportada oficialmente.
Este patrón de compra no es aislado en la historia de la entidad, ya que en 2016, el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también adquirió un predio en la misma zona, de menor superficie y con un valor de apenas 380 mil pesos, en el que posteriormente construyó un rancho con diversas instalaciones. La adquisición de ambos terrenos y los valores reportados generan cuestionamientos sobre la transparencia en el patrimonio de quienes ostentan cargos públicos en la entidad. Además, el notario que avaló la operación, Luis Mariano Hernández Aguado, ha sido señalado en casos de posible evasión fiscal, lo que añade complejidad al contexto.
Estas irregularidades reflejan un escenario de opacidad que preocupa a expertos y a la ciudadanía, especialmente mientras la gobernadora cumple su primera gestión en el estado. La diferencia entre el valor real y el declarado puede tener implicaciones importantes en la percepción pública sobre la integridad de las finanzas de los altos funcionarios.
En un panorama más amplio, esta situación pone sobre la mesa la necesidad de mecanismos más rigurosos y transparentes en la declaración patrimonial, así como una fiscalización efectiva para garantizar que las propiedades de los funcionarios públicos reflejen su verdadera valuación y origen.