A pesar de avances, búsqueda de personas de larga data enfrenta obstáculos en fosas y panteones forenses, evidenciando rezagos en procesos de ADN.
La búsqueda de personas desaparecidas con más de tres años en Guanajuato continúa enfrentando obstáculos significativos, a pesar de la reciente apertura de una fiscalía especializada en la materia. Familias que buscan a sus seres queridos desde 2018 y 2019 reportan que la falta de resultados en la identificación de los restos sigue siendo una realidad, en gran parte por la ausencia de estudios de ADN en fosas comunes durante ese período.
En el contexto regional, diversos actores sociales han señalado que la recuperación y reconocimiento de restos en fosas clandestinas y panteones forenses aún presenta importantes rezagos. A lo largo de la última década, Guanajuato ha instalado más de 260 fosas clandestinas, principalmente en zonas rurales del municipio de Irapuato, donde se han hallado restos sin identificación en múltiples oportunidades.
Expertos y defensores de derechos humanos resaltan que, en ciertos casos, los restos recuperados desde 2018 han llegado a ser entregados a las familias años después, en algunos casos hasta 2025, tras extensas búsquedas y análisis. La falta de protocolos adecuados en el pasado, incluidos escasos estudios de ADN en fosas comunes, contribuyó a retrasar la identificación efectiva. Además, hay indicios de que grandes fosas ubicadas entre Salamanca y Irapuato podrían albergar restos aún por identificar, lo que subraya la necesidad de ampliar las pesquisas en esos sitios.
El avance en la localización y análisis de cuerpos sigue siendo un desafío estructural, pero la sensibilidad social y la presión de las familias buscan impulsar cambios en las políticas públicas para agilizar los procesos. La situación en Guanajuato refleja un problema más amplio en el país, donde la búsqueda de justicia para las víctimas de desapariciones aún enfrenta obstáculos históricos y operativos, con la urgencia de fortalecer los mecanismos de identificación y memoria.
Este escenario enfatiza la importancia de políticas efectivas y recursos adecuados para dar un cierre digno y definitivo a las familias afectadas, en un contexto donde la cifra de desaparecidos continúa en aumento.