La denuncia por tráfico de influencia y corrupción fue interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia tras la modificación de la condena de un familiar de la magistrada, generando preocupación en el sector judicial.
Una denuncia formal fue presentada ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la que se acusa a una magistrada de presuntas prácticas de tráfico de influencia y corrupción relacionadas con la liberación semilibertad de su hermano, Édgar Escárcega Valenzuela. La alerta se originó tras la revisión de la condena del acusado, quien en 2020 recibió una sentencia de 37 años por secuestro y actualmente puede permanecer en libertad durante los días de semana, restringiendo su cumplimiento de condena solo los fines de semana. La modificación del fallo ocurrió en un contexto en el que el nuevo Poder Judicial había asumido funciones recientes, con la llegada de jueces y magistrados que deben garantizar la imparcialidad y integridad en los procesos judiciales.
Este caso ha captado la atención del sector judicial y de la opinión pública, pues los denunciantes señalaron irregularidades en las comunicaciones y en los argumentos utilizados para conceder esta semilibertad, advirtiendo que la ley establece que delitos como el secuestro no deben beneficiarse con reducciones en las condenas. La denuncia busca que se revisen detalladamente las decisiones tomadas y las posibles anomalías relacionadas con el proceso.
Por su parte, la Presidencia del Pleno del Tribunal de Justicia afirmó que las investigaciones están en curso a cargo de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) y que toda denuncia se analizará con rigor jurídico. El tribunal también aclaró que opera enmarcado en la legalidad y que los magistrados gozan de fuero, pudiendo ser destituidos mediante juicio político promovido por el Poder Legislativo si correspondiere. La situación plantea un debate sobre la transparencia y la integridad en el sistema judicial.