El legislativo negó solicitar documentación y auditorías sobre la concesión a la constructora VISE, reforzando el control del Estado en bienes públicos.
El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por mayoría el archivo de la iniciativa que buscaba solicitar información y auditar la concesión de la autopista Guanajuato-Silao, otorgada por 30 años a la empresa VISE, S.A. de C.V.-Construcciones Rubau. La concesión, vigente desde hace varias administraciones, ha generado polémica por las dudas en torno a su proceso y los posibles beneficios públicos.
La propuesta, presentada por legisladores del partido Morena, solicitaba acceso a estudios de aforo vehicular, metodología tarifaria y modelos financieros que sustentan el contrato. Sin embargo, la petición fue rechazada, ampliando un debate sobre la transparencia en los procesos de concesión de infraestructura en la región. La falta de acceso a estos documentos limita la supervisión ciudadana y la fiscalización del uso de recursos públicos.
Asimismo, la misma sesión se negó también la auditoría de la compra del terreno donde se construyó la Feria de Silao, adquirida en condiciones que, según los opositores, podrían señalar actos de corrupción. Un análisis independiente reveló una diferencia de valor de más de 38 millones de pesos respecto al monto pagado por el municipio, elevando la discusión sobre la gestión de recursos públicos y la necesidad de mayor transparencia en las adquisiciones.
En el contexto más amplio, estas decisiones ocurren en medio de una tendencia legislativa para limitar las concesiones que se otorgan sin la aprobación del Poder Legislativo, con el fin de evitar que las administraciones en curso prolonguen indefinidamente privilegios económicos sin mecanismos de supervisión adecuados. La discusión resalta la importancia de fortalecer los controles en la gestión de bienes y servicios públicos para evitar posibles irregularidades y garantizar el interés colectivo.
La iniciativa de reforma que busca restringir concesiones prolongadas sin autorización legislativa fue presentada en octubre pasado, en respuesta a la controversia por la concesión de la autopista, que ha sido un tema de atención en la política regional y estatal. La deliberación refleja una creciente demanda social por mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.