La agresión con explosivos desde dispositivos aéreos en Playas de Tijuana moviliza a autoridades y provoca advertencias a ciudadanos estadounidenses.
En la ciudad de Tijuana, las instalaciones de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron objeto de un ataque con drones que, al parecer, transportaban explosivos. La noche del miércoles, residentes del fraccionamiento Playas reportaron varias detonaciones que se atribuyen a la explosión de granadas lanzadas por estos dispositivos aéreos. De inmediato, las fuerzas de seguridad acudieron a la zona para acordonar y vigilar las entradas, mientras las autoridades confirmaban el incidente y señalaban que en el lugar se encontraron restos de posibles artefactos explosivos.
El ataque también causó daños materiales, afectando seis vehículos, de los cuales cuatro eran particulares y dos pertenecían a la institución. Hasta el momento, no se reportaron lesionados. Video difundido en redes sociales muestra un dron disparando en distintas direcciones y una comunicación radio de un elemento policial informando del lanzamiento de granadas, lo que revela la sofisticación y gravedad del ataque. En respuesta, unidades de apoyo fueron movilizadas para reforzar la vigilancia en la zona.
El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos tras conocerse el ataque, recomendándoles evitar la inmediaciones y seguir las indicaciones oficiales para garantizar su protección. La situación genera preocupación en un contexto de aumento en la violencia contra instituciones de justicia en la región.
Este incidente se suma a una serie de agresiones contra instalaciones de la Fiscalía en Baja California, donde en menos de un mes se reportaron daños y incendios en diferentes municipios, incluyendo Ensenada y Tijuana. Las autoridades locales y federales continúan investigando y realizando operativos para esclarecer los hechos, sin que hasta ahora se hayan reportado detenciones relacionadas con estos ataques.
La repetición de estos actos refleja la persistente amenaza que enfrentan las instituciones encargadas de combatir el crimen en la región, en medio de una escalada en la violencia y la intimidación por parte de grupos delictivos.