La escalada de violencia y amenazas en municipios del Estado pone en riesgo a autoridades y requiere reforzar las medidas de seguridad.
La creciente inseguridad en municipios como Celaya, Uruapan y Uriangato ha generado una alerta entre las autoridades locales, quienes enfrentan amenazas y riesgos latentes en su labor cotidiana. En Celaya, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto, ha recibido intimidaciones por parte de organizaciones criminales, lo que ha llevado a reforzar la protección en la región para prevenir atentados.
El municipio de Celaya, considerado uno de los principales focos delictivos en la entidad, presenta un panorama similar o incluso peor que otras zonas afectadas, como Uruapan, en Michoacán. La ciudad enfrenta una ola de desapariciones, asesinatos y extorsiones, complejidad que aún no ha logrado resolver la administración local, encabezada por el alcalde Juan Miguel Ramírez, de Morena. La situación se ha agravado tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien enfrentaba denuncias contra policías corruptos y funcionarios relacionados con el crimen organizado, motivos que parecen haber motivado su asesinato.
Asimismo, la historia reciente revela que el jefe de seguridad del Ayuntamiento de Celaya, Álvaro Fernando Coria, fue víctima de un ataque mortal en 2015 atribuido al Cártel de Jalisco Nueva Generación, evidenciando la vulnerabilidad de los servidores públicos en esta zona. La muerte del jefe de escoltas ocurrió cuando salía de su domicilio, lo que refuerza la necesidad de implementar blindajes efectivos en la región Laja-Bajío.
El temor por la seguridad también se extiende a otros municipios cercanos. El alcalde de Uriangato, Juan Carlos Martínez, conocido como Juan Amigo, expresó que se siente en riesgo tras los hechos en Uruapan y Celaya, y ha intensificado las medidas de protección en eventos públicos para garantizar su integridad y la de sus colaboradores.
Ante este escenario, expertos coinciden en que para prevenir tragedias similares a las de Uruapan, es imprescindible fortalecer las estrategias de seguridad, incluyendo inteligencia, protección policial y colaboración interinstitucional, en un contexto donde la violencia sigue impactando a las administraciones locales y a la estabilidad de la región.