Ciudad de México. – La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente presión por parte de Estados Unidos para que actúe contra funcionarios y políticos de Morena presuntamente vinculados con el crimen organizado. Desde la llegada del embajador Ronald Johnson, se han presentado peticiones específicas y aportado información para que el gobierno mexicano proceda judicialmente contra figuras que, según Washington, se enriquecieron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador a través de redes de complicidad con el narcotráfico y el contrabando de hidrocarburos. A pesar de los esfuerzos generales del gobierno mexicano en temas de seguridad, la falta de acciones contundentes contra individuos de alto perfil ha generado fricciones y exasperación en la relación bilateral. Funcionarios estadounidenses han señalado que, si bien reconocen la lucha contra extorsiones y robo de combustible, las investigaciones no han alcanzado los niveles esperados, dejando sin desmantelar redes de complicidad dentro del gobierno. Se ha mencionado la entrega de listas de personas cercanas a López Obrador, incluyendo figuras como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, sin que, según fuentes estadounidenses, se hayan producido las acciones esperadas, lo que ha sido interpretado como un "blindaje político". La filtración de la fotografía de Raúl Rocha, empresario acusado de contrabando de combustible, en un lujoso hotel de París, fue vista como una muestra de la molestia estadounidense ante la percepción de impunidad. De igual forma, se reporta que listas de altos funcionarios y políticos de Morena involucrados con el crimen organizado, entregadas por Estados Unidos, han quedado archivadas sin generar resultados. El caso del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de dirigir el grupo criminal La Barredora, y la mención de su presunta vinculación con el entonces gobernador López Hernández, también ha sido un punto
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