Aunque las alcaldías cuentan con mayor autonomía formal, aún enfrentan obstáculos burocráticos que retrasan decisiones y acciones en beneficio de los ciudadanos.
La Constitución Política de la Ciudad de México estableció en su origen que las alcaldías funcionan como órganos político-administrativos con un alcalde o alcaldesa y un concejo electos por voto directo, con un mandato de tres años. La reciente reforma promovió cambios significativos en su estructura, otorgándoles personalidad jurídica y mayor autonomía en gestión de servicios públicos, obras y participación social. Sin embargo, en la práctica, estas mejoras aún no se han consolidado completamente.
A pesar de los avances, las alcaldías siguen dependiendo de autorizaciones del Gobierno central para realizar muchas de sus funciones, lo que limita su capacidad de acción. Por ejemplo, necesitan permisos para contratar obras públicas, adquirir materiales o incluso gestionar recursos para seguridad y servicios básicos en sus comunidades. La dependencia burocrática se percibe como una restricción que impide una respuesta rápida y efectiva a las necesidades ciudadanas.
El fenómeno ha generado preocupación entre los responsables municipales, quienes consideran que estas restricciones obstaculizan la eficiencia y retrasan la implementación de soluciones. La ley que regula los programas sociales, además, ha generado controversias por centrarse en la gestión centralizada, dejando en entredicho la verdadera autonomía de las alcaldías. Como resultado, la relación entre los gobiernos alcaldicios y el de la ciudad aún requiere ajustes para cumplir con los principios de autogestión y participación ciudadana que motivaron las reformas.
El análisis actual revela que, pese a las intenciones de fortalecer las alcaldías, persiste un panorama donde los trámites y permisos burocráticos dilatan decisiones importantes, encarecen costos y limitan la innovación en el gobierno local. Los expertos sugieren que revisar las reglas y procedimientos administrativos puede facilitar una gestión más efectiva en beneficio de los habitantes de la capital.