Jesús Verdín Campos, con daños permanentes en su columna, denuncia la suspensión de su incapacidad y pago de pensión, a pesar de certificaciones médicas.
En Durango, un exempleado de la Fiscalía General del Estado denuncia que, tras sufrir lesiones graves en un accidente laboral hace años, le han sido retirados los beneficios económicos que le correspondían por incapacidad permanente. Aunque médicos especializados, incluidos neurocirujanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), confirmaron la existencia de una condición total y permanente que le impedía continuar con sus actividades, las autoridades le notificaron la cancelación de su pensión y la eliminación de su incapacidad.
Tras múltiples gestiones y revisiones médicas, el afectado revela que fue coaccionado a firmar un documento, conocido como Código 100, sin entender su implicación, y que posteriormente le informaron que esto significaba una suspensión sin goce de sueldo. A pesar de presentar toda la documentación y realizar los trámites requeridos, los órganos administrativos han dilatado el proceso, incluso solicitándole reiteradas evaluaciones médicas que, en muchos casos, solo retrasan la resolución de su situación.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de dificultades que enfrentan extrabajadores con lesiones permanentes en su búsqueda por justicia y reconocimiento laboral. La problemática refleja las complejidades administrativas y la falta de mecanismos claros para la atención y protección de los derechos de los empleados con discapacidad en instituciones públicas. La experiencia de Verdín Campos evidencia la necesidad de reformas que garanticen una atención más ágil y transparente para quienes, como él, han dado años de servicio y enfrentan daños permanentes.
Mientras tanto, algunos de sus compañeros en circunstancias similares han optado por abandonar los procesos, ante la incertidumbre y las dificultades burocráticas, dejando de recibir un sustento básico. La situación de Jesús también pone en evidencia la vulnerabilidad laboral de los empleados públicos y la importancia de una revisión exhaustiva que asegure la justicia y los derechos de quienes han sufrido lesiones en cumplimiento de sus deberes.
El caso llama la atención sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para los trabajadores con discapacidades, y sobre la necesidad de que las instituciones garanticen procedimientos claros, justos y oportunos en la resolución de estos casos, en consonancia con los derechos laborales y humanos.