Agricultores exigen soluciones al gobierno federal ante la ingobernabilidad en acopio y control de precios, afectando a miles de productores en la región.
Este jueves, agricultores dedicados al cultivo de frijol llevaron a cabo manifestaciones en Durango y Zacatecas, expresando su profunda insatisfacción por las condiciones del mercado y la falta de apoyo institucional. Los productores denunciaron la persistente problemática del coyotaje, así como la incompetencia del gobierno federal para ofrecer soluciones concretas y sostenibles ante prácticas desleales que afectan sus ingresos.
Las quejas principales se centran en la demora en la transición de un sistema de regulación de precios, de la cual dependen aproximadamente 100 mil productores en la región, distribuidos entre Zacatecas, Durango, Chihuahua y la costa. Estas dificultades se han prolongado por más de un año, bajo el pretexto de una fase de ajuste que aún no concluye, lo que ha agravado la situación del sector frijolero.
El sector de agricultores sostiene que, pese a su importancia en la economía regional y nacional, enfrentan una desconexión con las instituciones públicas encargadas de la política agrícola, las cuales a menudo no consideran sus intereses. La representación de productores de Zacatecas y Durango afirmó que los frijoleros conforman una organización sólida y relevante, que requiere un mayor apoyo técnico y político para hacer frente a las adversidades del mercado.
Este movimiento de protesta refleja la vulnerabilidad de un sector que, sin un respaldo eficaz, enfrenta disminución en sus ganancias y pérdida de competitividad, amenazada además por la presencia del coyotaje, una práctica que significa la compra y venta informal de granos, que perjudica aún más a los pequeños productores. La problemática del acceso a precios justos y la regulación del mercado de frijol continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector agrícola mexicano.
La relevancia de esta situación radica en cómo la economía agrícola, especialmente en regiones productoras de frijol, refleja los desafíos estructurales y de política pública que enfrentan miles de productores. Sin un apoyo efectivo y medidas que contrarreste prácticas desleales, el sector corre el riesgo de deteriorarse aún más, afectando tanto a las comunidades rurales como a la seguridad alimentaria del país.