El Congreso estatal aplaza el debate tras interponer un recurso legal, mientras la autoridad judicial federal aún no emite resolución definitiva.
El Congreso del Estado de Durango ha decidido posponer cualquier discusión sobre la posible despenalización del aborto hasta que la autoridad judicial federal resuelva un recurso de queja presentado por la misma legislatura. La suspensión temporal obedece a una acción legal que impide la modificación de los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal local, ordenada por un Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. Dichas disposiciones, que criminalizan la interrupción del embarazo, están actualmente en pausa mientras se analiza la impugnación.
El proceso judicial fue iniciado por la Mesa Directiva del Congreso, cuya representación legal interpuso la queja contra la resolución de un tribunal menor que declaró inconstitucionales esas leyes y ordenó su despenalización. La medida busca evitar cambios inmediatos en la legislación local, manteniendo vigente la penalización mientras se resuelve la instancia superior.
Desde el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, uno de los principales partidos en la región, se reafirmó su postura conservadora en contra de la modificación del Código Penal sobre este tema. La misma bancada aseguró que no se tomarán acciones hasta que exista una resolución definitiva y que, por ahora, otras actividades legislativas permanecen en receso hasta el 15 de febrero, cuando se espera retomar el periodo ordinario.
Este asunto refleja la pertinencia de un debate que ha tenido amplio impacto en diversos estados del país, donde las decisiones judiciales a veces confrontan los avances en derechos reproductivos. La relevancia radica en que las próximas resoluciones definirán si Durango continúa con una legislación más restrictiva o avanza hacia la despenalización, en línea con cambios sociales y jurídicos que han tenido lugar en otros entornos regionales.
Historia y antecedentes sobre la despenalización del aborto en México indican que, aunque a nivel federal se han establecido derechos progresivos, cada estado mantiene su marco legal, generando distintas realidades a nivel local. La tensión entre la legislación y las resoluciones judiciales refleja la complejidad de conciliar derechos reproductivos con normativas tradicionales en diversas regiones del país.
El desarrollo de este proceso judicial resulta fundamental para entender el futuro legislativo en Durango, donde la ley aún criminaliza la interrupción del embarazo, al tiempo que la sociedad mexicana continúa promoviendo cambios en favor de la mujer y sus derechos.