CIUDAD DE MÉXICO. – Una declaración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronunciada el 14 de noviembre, ha avivado el debate sobre la libertad de expresión y la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, especialmente tras conocerse una reciente sentencia judicial contra un periodista en Campeche.
La frase “No la van a romper”, lanzada por Sheinbaum en su conferencia matutina, ha sido interpretada de diversas maneras, generando tensiones políticas y sociales. Paralelamente, se reportó una sentencia judicial que suspende al periodista Jorge Luis González por dos años y reclama una indemnización de dos millones de pesos, hechos que han amplificado la controversia.
Este cruce de eventos ha provocado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores gubernamentales y aliados ven la declaración como una defensa institucional firme frente a críticas, organizaciones de prensa y críticos la han calificado como un acto de intimidación hacia los medios y una señal de endurecimiento político, elevando el riesgo para los periodistas.
El incidente en Campeche, donde periodistas marcharon el 17 de junio en protesta, subraya la preocupación por la situación de la prensa local. El respaldo del gabinete estatal a la gobernadora implicada ha llevado la disputa a un nivel de mayor visibilidad nacional.
La confluencia de una retórica presidencial y acciones judiciales concretas —como la suspensión de dos años y la exigencia de indemnización— sienta un precedente que podría influir en futuras decisiones judiciales y en la práctica periodística, generando interrogantes sobre un posible aumento de la autocensura o, por el contrario, una oleada de defensa pública por la libertad de expresión en 2025.