El Congreso del Estado de Coahuila ha aprobado una reforma integral al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, impulsada por el gobernador, con el propósito de homologar el delito de extorsión a la legislación federal y mejorar las capacidades de prevención, investigación y sanción. Esta medida responde a las reformas constitucionales federales del 9 de octubre, que otorgan al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia de extorsión, culminando con la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión el 28 de noviembre, lo que exigió a las entidades federativas la actualización de sus marcos normativos. La diputada Guadalupe Oyervides detalló que la iniciativa no solo busca eliminar duplicidades en el Código Penal, sino también consolidar el reconocimiento de la extorsión como un delito grave, definiendo con claridad sus modalidades, procedimientos y las autoridades encargadas de su persecución. La reforma establece que la extorsión simple y agravada serán consideradas delitos graves, incorporando el ilícito en disposiciones sobre daño moral y reparación del daño, además de derogar artículos para asegurar la uniformidad con el marco nacional. Paralelamente, la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública mandate la implementación de una estrategia estatal alineada a la nacional para la prevención y combate de este delito. Uno de los avances significativos de esta reforma es la creación de una base legal y operativa robusta para la investigación de la extorsión, lo que previamente limitaba la apertura de carpetas de investigación y, por ende, la persecución efectiva del delito. Las penas establecidas para este delito van de tres a siete años de prisión, con agravantes que se aplicarán según la modalidad en que se cometa. Con esta homologación y fortalecimiento de su capacidad operativa, Coahuila se posiciona a la vanguardia en la lucha contra la extorsión, un prob
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