El legislador criticó el proceso de elaboración y advirtió sobre posibles vulnerabilidades y criminalización en las prácticas agrícolas.
En un acto parlamentario, el senador de Chihuahua resaltó la importancia de priorizar inversiones públicas para reducir pérdidas en las redes de distribución del agua potable y modernizar el sector agrícola, con el objetivo de aumentar la productividad mediante un uso más eficiente del recurso. Además, hizo un llamado a reforzar la capacidad técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que considera ha sido debilitada por años de recortes presupuestarios, afectando su funcionamiento ycontrol en la gestión del agua.
El legislador enfatizó que México requiere una legislación moderna que ofrezca seguridad jurídica a los productores y respete su patrimonio, rechazando medidas que puedan generar incertidumbre o desigualdad. Cuestionó el proceso del proyecto de ley, señalando que fue elaborado sin consultar a los sectores agrícolas ni a comunidades indígenas, y acusó una narrativa falsa sobre el acaparamiento del agua, demandando pruebas y nombres en caso de que existan irregularidades, ya que atribuir culpas sin evidencia fomenta divisiones y miedo social.
Vázquez alertó que la propuesta elimina las transmisiones automáticas de derechos de agua, reemplazándolas por reasignaciones bajo control de una sola autoridad federal, lo cual, a su entender, genera vulnerabilidades jurídicas para los productores. Asimismo, denunció que las sanciones propuestas criminalizan prácticas agrícolas básicas como la construcción de bordos o presones, impuestas con multas millonarias y penas de cárcel, medidas que considera injustas dadas las difíciles condiciones del campo mexicano.
El legislador, representante del Partido Acción Nacional (PAN), contextualizó su postura detallando que el sector agrícola ha quedado en condiciones precarias tras la desaparición de programas federales como la Financiera Nacional, Progan y apoyos productivos, lo que deja a los productores en un estado de vulnerabilidad, debilitando aún más la economía rural ante los cambios en la legislación del agua.