Ciudad Juárez, Chihuahua. – Un reciente posicionamiento divulgado en redes sociales pone en tela de juicio la capacidad del Senado para convocar a gobernadores o fiscales estatales respecto a operativos de seguridad ejecutados por fuerzas federales. Este tema suscita debate sobre el control político y la coordinación entre niveles de gobierno.
El documento argumenta que cuando las acciones involucran al Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad del operativo es exclusiva de las autoridades federales. Por lo tanto, cualquier requerimiento de información debería dirigirse a estas instancias, y no a los gobiernos estatales que no tienen competencia en asuntos de seguridad federal.
La fundamentación constitucional destaca que el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorga al Senado la facultad de citar a autoridades estatales. Además, el artículo 93 precisa que las Cámaras del Congreso solo pueden convocar a Secretarios de Estado y otros funcionarios federales. Esto pone de relieve las limitaciones del Senado en el control político sobre entidades estatales.
Es relevante señalar que los operativos relacionados con el narcotráfico son de competencia federal, perseguidos por la Fiscalía General de la República (FGR). Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional dependen del Ejecutivo Federal, actuando bajo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Por ello, la comparecencia de autoridades estatales sería improcedente y contravendría el pacto federal.
El Senado de la República debe operar dentro del marco constitucional, asegurando que las investigaciones y requerimientos de información se dirijan a los mandos federales responsables, a fin de mantener el equilibrio político entre los diferentes niveles de gobierno.