Expertos advierten que la reforma podría poner en riesgo derechos de herencia y el uso urbano del recurso hídrico, aumentando la centralización del control.
La reciente propuesta de modificación a la legislación del agua en Chihuahua ha generado preocupación entre productores agrícolas y expertos en gestión hídrica. La reforma contempla disposiciones que, según análisis, podrían traducirse en una pérdida significativa de derechos para los usuarios, al limitar la transferencia y herencia de concesiones de agua. Esto implicaría que, tras el fallecimiento del titular, los derechos se extinguirían, retornando a la autoridad que ahora sería la responsable de reasignarlos, lo cual pone en riesgo la continuidad de las actividades agrícolas familiares en la región.
Este cambio normativo también contempla la posible transferencia de los volúmenes de agua en procesos de reasignación, aumentando el control centralizado del recurso. La preocupación principal reside en que esta centralización podría afectar además el suministro de agua para uso urbano, comprometiendo el acceso y la seguridad del patrimonio hídrico de la población. La ley vigente permite a los productores gestionar sus derechos, pero la propuesta actual puede impulsar sanciones severas para quienes incumplan, incluyendo multas y penas de cárcel.
Es importante notar que muchas organizaciones del sector agrícola han solicitado fortalecer la autoridad actual, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que enfrenta problemas de personal y recursos en Chihuahua. Con solo cinco inspectores para vigilar los 67 municipios del estado, la capacidad de fiscalización y cumplimiento del marco jurídico vigente es limitada, lo que genera incertidumbre sobre la efectividad de la aplicación de la ley. Expertos reiteran que la regulación debe hacerse en coordinación con las autoridades, pero advierten que la propuesta actual centraliza demasiado el control, poniendo en riesgo la gobernanza del recurso hídrico.
Históricamente, el agua en Chihuahua ha sido un recurso crucial tanto para la agricultura como para la población urbana. La problemática actual refleja la necesidad de un equilibrio entre regulación y autonomía, para evitar decisiones que puedan afectar la paz social y el desarrollo sostenible en la región.