Tres profesionistas con destacada experiencia en derechos, administración y participación ciudadana asumen sus cargos en el organismo electoral.
En una sesión extraordinaria celebrada en la sede del Instituto Electoral del Estado de Chihuahua (IEE), se oficializó la incorporación de tres nuevos consejeros electorales para el periodo 2025-2032. La reunión, que ocurrió en el Salón de Sesiones del organismo, contó con la presencia de la presidenta del consejo, Yanko Durán Prieto, quien supervisó el acto de toma de posesión. Estos profesionales, reconocidos por su trayectoria y compromiso con la democracia, asumirán funciones clave en la estructura electoral del municipio, aportando experiencia en áreas como administración, participación ciudadana y derecho electoral. El primero en integrarse fue Vanessa Adriana Armendáriz Orozco, quien tiene 37 años y una sólida formación académica en administración. Cuenta con experiencia en la organización electoral del Instituto Nacional Electoral y en cargos de coordinación en el IEE, además de haber sido docente y gestora en el sector privado. Su conocimiento en participación ciudadana será vital para impulsar procesos inclusivos en el estado. Diana Patricia Ontiveros Aguirre, de 30 años, es abogada por la UACH y actualmente dirige la coordinación del área contenciosa electoral en el IEE. Su trayectoria también incluye labores en el INE y asesoría jurídica, lo que reforzará la legalidad y transparencia en las próximas elecciones. Por su parte, Jesús Miguel Armendáriz Olivares, de 48 años, ha dedicado más de quince años a la función electoral desde diferentes cargos en el INE, además de ser licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública. Su amplia experiencia en la administración de procesos electorales contribuirá al fortalecimiento del sistema democrático en Chihuahua. Este proceso reflejó el interés de fortalecer los órganos electorales en el estado, asegurando una gestión profesional y comprometida con la ciudadanía. La experiencia de los nuevos consejeros promete una gestión transparente y cercana a la población, en un contexto donde la confianza en los procesos electorales es fundamental para la estabilidad democrática.