El exgobernador de Chihuahua, vinculado a proceso por presunto lavado de 74 millones de pesos, busca evitar la cárcel mientras avanza su proclamada inocencia.
Desde los juzgados federales del Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, se desarrolla la audiencia que determinará si el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, será vinculado a proceso por delitos de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La autoridad judicial evalúa la solicitud de prisión preventiva, debido a riesgos de fuga fundamentados en una red de apoyo que, según la Fiscalía General de la República, Duarte habría mantenido durante su mandato para evadir la justicia.
Este proceso judicial se sustenta en una acusación que involucra la desviación de aproximadamente 74 millones de pesos, recursos de origen ilícito que, presuntamente, fueron lavados a través del sistema financiero mexicano. La fiscalía sostiene que Duarte Jáquez habría manipulado fondos públicos, en un esquema complejo que involucra a varias entidades financieras y redes de corrupción, lo que evidencia la gravedad del caso en el contexto de lucha anticorrupción en México.
El exmandatario, defendido por un equipo legal que argumenta falta de pruebas concluyentes y una persecución política, ya enfrentaba cargos en Chihuahua, donde fue absuelto en una causa similar por 96 millones de pesos. La relevancia de este caso radica en el desafío institucional para esclarecer las redes de corrupción que operaron durante su gestión y en la necesidad de fortalecer los controles judiciales en casos de alto perfil político y financiero.
Este proceso adquiere particular importancia en un contexto donde el combate a la corrupción y la transparencia en el manejo de los recursos públicos continúan siendo prioridades nacionales, por lo que su resolución podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de exfuncionarios en delitos económicos.