El Estado mantiene un presupuesto equilibrado, priorizando infraestructura, servicios sociales y reforzando sus finanzas tras años de control fiscal estricto.
El gobierno de Chihuahua presentó formalmente al Congreso local el paquete económico para el año 2026, resaltando que este será el quinto año consecutivo con un presupuesto equilibrado, enfocado en resultados y alineado con las principales necesidades de la población. La propuesta contempla un total de 117 mil millones de pesos, con una inversión significativa en diversos rubros sociales y de infraestructura.
Entre las prioridades, la partida destinada a educación supera los 35 mil millones de pesos, asegurando recursos para programas educativos y construcción de instituciones. La seguridad recibe aproximadamente 14 mil millones, con énfasis en mejorar las estrategias para reducir la delincuencia y fortalecer la protección ciudadana. La protección social, que incluye pensiones y subsidios, dispone de más de 9 mil millones, garantizando apoyo a los sectores vulnerables.
En salud, uno de los principales avances es la asignación de más de 800 millones de pesos adicionales para programas como MediChihuahua, que busca ampliar la cobertura en atención médica, tratamiento oncológico infantil y salud femenina. La administración estatal señala que al inicio de la administración, las finanzas estaban en condiciones precarias, pero mediante mecanismos de control fiscal, como presupuestos balanceados y regulación de nóminas, han mejorado la calificación crediticia y reducido costos por intereses.
El paquete contempla además la emisión de deuda a largo plazo por tres mil millones de pesos para proyectos de infraestructura, y el incremento temporal del impuesto sobre nómina del 3 al 4 por ciento, cuyos recursos se dirigirá a obras públicas y proyectos estratégicos como el desarrollo del polo de bienestar en Ciudad Juárez. Sin embargo, también reconocen la disminución de recursos federales en rubros como salud y apoyo al campo.
El secretario de Hacienda invitó a la ciudadanía a confiar en los mecanismos de vigilancia disponibles, como plataformas digitales que permiten seguir la ejecución y cumplimiento de los proyectos. La propuesta refleja un compromiso por mantener las finanzas sanas y enfocadas en el bienestar social, pese a las restricciones presupuestarias de la Federación.