La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, encabeza solicitud conjunta de cuatro estados en la Comisión Nacional de Seguridad para mejorar la seguridad local y nacional.
Durante la reciente reunión de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez, representó a los gobiernos de Querétaro, Chihuahua y Guanajuato en la demanda de mayores recursos federales destinados a las fuerzas policiales. La petición principal proviene del estado de Chihuahua, que requiere financiamiento adicional para fortalecer tanto su policía estatal como sus unidades municipales, con el objetivo de incrementar la eficacia en el combate a la delincuencia.
En el caso de Guanajuato, la prioridad señalada fue la atención a llamadas de extorsión desde centros penitenciarios, particularmente en Tamaulipas, sugiriendo la implementación de inhibidores de señal móvil para restringir el uso de teléfonos desde las prisiones y reducir así los riesgos de actividades ilícitas vinculadas a las cárceles.
Por otra parte, Querétaro y Aguascalientes reportaron avances en sus estrategias de seguridad, impulsadas por la colaboración interinstitucional y la coordinación con diferentes niveles de gobierno. La mandataria de Aguascalientes destacó el compromiso de mantener el fortalecimiento de las acciones en seguridad, resaltando que el trabajo conjunto resulta fundamental para garantizar la tranquilidad de las familias en la región.
Este tipo de solicitudes refleja una tendencia creciente en el país, donde los estados buscan recursos adecuados para enfrentar los desafíos de la inseguridad. La coordinación entre niveles de gobierno y la inversión en tecnología y capacitación son elementos clave que pueden marcar la diferencia en la protección ciudadana.
La petición de Chihuahua y otras entidades evidencia la necesidad de una estrategia federal que permita un reparto equitativo de recursos, además de fomentar herramientas modernas para mantener el control en las prisiones y reducir la violencia derivada de actividades delictivas. La seguridad pública sigue siendo una prioridad para el gobierno y los estados, en busca de un país más seguro y estable.