La captura del exgobernador del Estado de Chihuahua se realizó en Chihuahua y está relacionada con delitos de lavado de dinero, en un proceso autorizado por autoridades de Estados Unidos. César Duarte Jáquez fue trasladado desde Chihuahua a la Ciudad de México tras cumplirse una orden de aprehensión emitida por un juez federal en mayo de 2024. La captura se realizó en un operativo de alta seguridad, coordinado por la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Duarte enfrenta acusaciones relacionadas con el desvío de recursos públicos y operaciones financieras ilícitas, en un esquema que habría involucrado complicidades dentro del sistema financiero mexicano. El proceso judicial se fortaleció tras una autorización del gobierno de México para que las autoridades estadounidenses procesaran nuevos cargos contra el exgobernador, en línea con los tratados internacionales de cooperación judicial. La solicitud y aprobación de dicha autorización en 2025 facilitaron la integración de nuevas acusaciones en su contra, específicamente vinculadas a delitos de lavado de dinero y gestión de recursos de procedencia ilícita. Este caso tiene gran impacto en la lucha contra la corrupción y la impunidad en México, representando un paso importante en la precisión y aplicación de mecanismos internacionales para perseguir delitos trasnacionales. La colaboración entre ambos países refleja la voluntad de fortalecer la justicia en delitos financieros, que suelen tener ramificaciones complejas y transnacionales. Es relevante señalar que la captura de Duarte se produce en un contexto en que las investigaciones por corrupción en gobiernos estatales siguen siendo prioritarias para las autoridades mexicanas. La extradición y el proceso judicial buscan sentar un precedente sobre la responsabilidad en la gestión pública y el desvío de fondos públicos. Tras su llegada a la capital, César Duarte será presentado ante un juez que determinará su situación jurídica, en un caso que continúa en
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