Agricultores intentan influir en decisiones federales para proteger recursos y derechos en medio de cambios legales que entrarán en vigor próximamente.
El pasado fin de semana, un grupo representativo de campesinos y agricultores de Chihuahua viajó a la Ciudad de México con la finalidad de convencer al Congreso de la Unión de reconsiderar aspectos fundamentales de la Ley Nacional de Aguas y la Ley General de Aguas. A pesar de sus esfuerzos, no lograron que sus demandas fueran atendidas, evidenciando una percepción de priorización de intereses políticos sobre las necesidades de las comunidades rurales.
La movilización respondió a la preocupación por la próxima entrada en vigencia de estas leyes, que buscan regular el uso del recurso hídrico en todo el país, incluyendo mecanismos de rendición de cuentas. Sin embargo, la resistencia se centró en las posibles afectaciones para productores agrícolas y ganaderos, que consideran que las propuestas legales podrían limitar su acceso y uso de agua, además de reducir su participación en decisiones sobre recursos naturales.
La líder del movimiento, Juana Jiménez Torres, reafirmó el compromiso de defender los intereses de Chihuahua, resaltando que la prioridad de los agricultores es poner en primer plano los derechos humanos y sustentables del sector, por encima de cualquier filia partidista. Además, criticó la ausencia de diputados federales de Morena en una mesa de diálogo realizada en el Congreso del Estado, donde agricultores y ganaderos expresaron sus inquietudes respecto a las nuevas normativas.
Tras la entrada en vigor inminente de las reformas legales, se mantienen las reclamaciones de transparencia y responsabilidad en la gestión del agua. Agricultores Unidos de Chihuahua continúa exigiendo acciones concretas para preservar sus derechos y garantizar la sustentabilidad del sector agrícola en la región, que representa un pilar económico y social vital para la entidad.
El contexto de estas movilizaciones refleja la tensión entre las políticas nacionales de gestión del agua y las necesidades particulares de las comunidades rurales, una problemática que resalta la importancia de una legislación inclusiva y participativa, especialmente en un país con recursos hídricos limitados y una gran dependencia del sector agrícola.