Chihuahua, Chihuahua. – La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua ha presentado 29 denuncias penales tras la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, al detectar presuntas conductas delictivas en el manejo de recursos públicos. Estas denuncias involucran a tres municipios, tres dependencias del Poder Ejecutivo estatal y 23 organismos descentralizados y entidades paraestatales.
La ASE detalló que las irregularidades detectadas no son meros incumplimientos administrativos, sino que presentan indicios de ilicitud dolosa y arbitraria, lo que llevó a la decisión de canalizar los casos a la vía penal. Las denuncias buscan determinar si existen elementos suficientes para iniciar investigaciones y eventuales procesos judiciales.
En el ámbito municipal, las denuncias se dirigen a Ahumada, Coyame del Sotol e Ignacio Zaragoza. Ahumada y Coyame del Sotol enfrentan señalamientos por irregularidades en el ejercicio del gasto, mientras que Ignacio Zaragoza presenta una denuncia que agrupa múltiples observaciones financieras, sugiriendo un patrón de presuntas irregularidades en 2024.
Por parte del Poder Ejecutivo estatal, las tres denuncias penales se concentran en la Secretaría de Hacienda, originadas por auditorías de cumplimiento financiero y forenses que apuntan a conductas que exceden la responsabilidad administrativa.
Los organismos descentralizados y entidades paraestatales concentran la mayor parte de las denuncias, con 23 de las 29. Destaca el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa con 12 denuncias forenses. Otros organismos implicados son la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, y la JMAS de Juárez.
Las auditorías forenses, aplicadas ante indicios de conductas intencionales, analizaron expedientes de contratación, procesos de adquisición y consistencia de la información para identificar simulaciones y desvíos de recursos. La mayoría de las denuncias penales surgieron de este tipo de revisiones especializadas.
La Auditoría Superior del Estado subrayó que todos los casos corresponden al ejercicio fiscal 2024, aunque las revisiones concluyeron en 2025. Se mencionó que la legislación actual presenta limitaciones para sancionar conductas de simulación deliberada, lo que justifica la vía penal para los casos más graves.