La nueva regulación y retrasos en trámites complican el acceso a derechos de agua y podrían abrir la puerta a prácticas corruptas, advierte un experto en Chihuahua.
La implementación de una reciente ley de aguas nacionales en Chihuahua ha desatado preocupaciones acerca del incremento en riesgos de corrupción y de la saturación en los trámites en la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La normativa, similar a la del resto del país, mantiene la prohibición de reasignar derechos de pozos, pero introduce un proceso donde las solicitudes de herencia, renta o venta de derechos deben pasar por un comité técnico, en lugar de gestiones simples ante una secretaría.
Este cambio en los procedimientos ha evidenciado una saturación en los recursos humanos de Conagua, que actualmente atiende aproximadamente 27 mil trámites pendientes. La carga adicional, combinada con la lentitud en la resolución, genera un escenario propicio para la corrupción, advirtieron expertos en la materia. Se han reportado ya solicitudes de “moches” o sobornos, lo cual afecta tanto a pequeños productores como a comunidades rurales que dependen del acceso transparente a los recursos hídricos.
Este contexto refleja una problemática más amplia: la gestión del agua en México enfrenta desafíos estructurales, debido a la creciente demanda y a la limitada infraestructura. La necesidad de procesos claros y eficientes es vital para garantizar derechos justos y evitar prácticas ilícitas que puedan perjudicar a sectores vulnerables.
En años recientes, la entrada en vigor de leyes ambientales y cambios regulatorios en México ha tenido impacto en la economía rural y en la gestión participativa del recurso. La colaboración entre instituciones, comunidades y entidades gubernamentales resulta imprescindible para consolidar un marco legal que asegure la distribución equitativa y sostenible del agua.