La iniciativa que busca crear un sistema integral de protección para víctimas de desplazamiento interno aún espera aprobación en el Senado, a pesar de la creciente crisis.
Desde hace más de cinco años, la propuesta para regular y apoyar a las personas desplazadas por violencia interna en México permanece en trámite en el Congreso, sin avanzar hacia su aprobación definitiva. La iniciativa, que fue aprobada en la Cámara de Diputados en septiembre de 2020, busca establecer instrumentos centrales como un Registro Nacional de Desplazados, un programa para prevenir y atender estos desplazamientos, y un fondo dedicado a la atención de las víctimas. Sin embargo, la falta de trámite en el Senado ha retrasado la implementación de políticas que garantizarían recursos económicos y estrategias integrales para hacer frente a esta problemática. La ausencia de una ley federal genera cifras oficiales incompletas y limita las acciones para proteger a quienes huyen de la violencia, principalmente en regiones como Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y otros estados afectados. La creciente tendencia en estos territorios refleja la urgencia de contar con un marco legal que permita una atención efectiva y garantizar derechos básicos para estas poblaciones vulnerables. Expertos en derechos humanos ven en esta demora un obstáculo importante para reducir el impacto social de la violencia y la desprotección en varias zonas del país.