La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el 19 de agosto varias disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada de Chiapas debido a que fueron aprobadas sin consulta previa a personas con discapacidad. Además, la Corte aplazó por un año la anulación de otras reglas de accesibilidad para evitar que se eliminen mecanismos que faciliten el ejercicio de sus derechos.
Datos clave
- Cuándo: 19 de agosto de 2023
- Qué: Invalidación de disposiciones de la Ley de Voluntad Anticipada de Chiapas
- Dónde: Chiapas, México
- Quién: Suprema Corte de Justicia de la Nación
- Plazo: 12 meses para realizar consulta y nueva regulación
La decisión del Pleno de la Corte subrayó que las reglas que restringen derechos deben ser discutidas con las personas afectadas. La acción de inconstitucionalidad 109/2025 subraya que la participación de las personas con discapacidad es esencial desde el diseño legislativo y no solo un paso formal. En este caso, las normas impugnadas incluían disposiciones que limitaban la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, las cuales debieron ser consultadas de acuerdo con estándares establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
¿Qué normas fueron invalidadas?
La SCJN determinó que ciertas disposiciones de la ley chiapaneca restringían la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entre las normas anuladas se incluyen aquellas que condicionaban su capacidad para suscribir documentos de voluntad anticipada a requisitos como estar “en pleno uso de sus facultades mentales”. También fueron invalidadas las reglas que limitaban quién podía actuar como representante o testigo en dichos documentos.
¿Qué pasará en los próximos meses?
El Máximo Tribunal no eliminó de inmediato las disposiciones que ofrecen medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y visual. En su lugar, otorgó un plazo de 12 meses al Congreso de Chiapas para ejecutar la consulta previa necesaria y generar una nueva regulación. Esta prorrogación busca asegurar que los mecanismos que apoyan el ejercicio de derechos no sean eliminados mientras el proceso se lleva a cabo.
La SCJN ha enfatizado que las decisiones que afectan directamente a las personas con discapacidad requieren su participación activa en la creación de las normas. Esto marca un precedente importante en la forma en que se legisla en relación con los derechos de este sector de la población.
Con información de infobae.com