Las medidas de seguridad para personas externas persisten en los procesos judiciales, generando cuestionamientos sobre la transparencia y el acceso a la justicia en la ciudad.
En octubre de 2023, el Poder Judicial de la Ciudad de México actualizó sus lineamientos de seguridad sanitaria para reanudar sus actividades en su totalidad. Aunque ya no rige una emergencia sanitaria, las restricciones permanecen para el público externo, incluidos defensores y medios de comunicación, quienes enfrentan limitaciones para ingresar a las audiencias.
Las reformas establecen que solo las personas estrictamente necesarias podrán acudir a las diligencias, con el objetivo de garantizar la protección sanitaria del personal judicial. Sin embargo, en el marco de la ley local, la transparencia y la publicidad de los procesos judiciales son principios fundamentales que, en teoría, deben garantizarse en toda circunstancia. La legislación afirma que la información del Poder Judicial debe ser accesible y completa, salvo excepciones justificadas que protejan la seguridad pública o la integridad de las víctimas y testigos.
Al respecto, algunos expertos en derecho penal y constitucional expresan que estas medidas restrictivas podrían ser una excusa para limitar la difusión de las actividades judiciales y esconder inconsistencias o deficiencias internas. La tensión entre la protección sanitaria y el derecho a un proceso público es un tema que ha generado debate en la administración de justicia en la capital.
Este escenario evidencia la difícil conciliación entre mantener la seguridad sanitaria y garantizar el acceso transparente a la justicia en un entorno democrático, donde la máxima publicidad es un pilar constitucional. La continuidad de las restricciones plantea preguntas sobre la necesidad de buscar mecanismos que equilibren ambos derechos sin perjudicar la apertura a la ciudadanía.